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Política

18/10/2020

Una reforma en tela de juicio

El plan de PSOE y Podemos de acabar con la mayoría de tres quintos necesaria para renovar al Consejo General del Poder Judicial subleva a la oposición y los magistrados

Juan Carlos Hidalgo

Pablo Iglesias, junto al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en la fiesta del 12-O.

Maricruz Sánchez-Agencias

Su mero anuncio la pasada semana ya desató una tormenta de críticas, pero la confirmación del plan del PSOE y Unidas Podemos de rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), directamente, ha desatado ahora un huracán. Un enfado sin precedentes, como la misma propuesta del Gobierno de coalición, que ha logrado sublevar a la oposición en pleno, que piensa recurrir al Constitucional, y a los magistrados, temerosos de que la institución quede a merced del Ejecutivo.
Los socios de Gabinete sostienen que su objetivo es superar el «bloqueo» al que somete el PP al órgano de gobierno de los jueces: está cerca de cumplir dos años en funciones, los populares se niegan a negociar nuevos nombres, y sin ellos hoy en día no hay renovación posible, ya que la ley exige que los vocales estén respaldados por tres quintos de las Cámaras.
Según la propuesta presentada en el Congreso por socialistas y morados, 12 de los 20 vocales (los de extracción judicial) podrían ser elegidos en segunda votación por mayoría absoluta. Los otros ocho miembros (juristas de reconocido prestigio) seguirían necesitando los tres quintos actuales, ya que así lo marca la Constitución.
En resumen, la versión oficial es la de que el Gobierno avala una reforma porque cree que la renovación del CGPJ es una «urgente necesidad». Pero la realidad es que ha decidido dejar el polémico proyecto en manos de los grupos parlamentarios y no poner su firma en él. Así la tramitación será más rápida y, además, se esquiva a los órganos consultivos: si lo hubiera presentado el Ejecutivo, debería recibir el informe del Consejo de Estado y del propio CGPJ, aunque su opinión no sería vinculante.
La reacción de la oposición fue inmediata. El PP anunció que recurrirá la reforma ante el Constitucional y la justicia europea al considerar que el Gobierno quiere «el poder absoluto» e imponer una dictadura. También Vox anunció que acudirá al Tribunal de Garantías al ver un «ataque directo a la democracia, al Estado y las instituciones». «Se confirma la infamia», denunció Ciudadanos. Hasta algunos de los socios de investidura mostraron sus recelos, como Más País, al advertir que «es un precedente peligroso a largo plazo». 


«Chantajes y prisas»

Desde la carrera judicial, los ánimos no están menos caldeados, y tres de las cuatro asociaciones profesionales arremeten duramente contra la propuesta. Solo la progresista Jueces y Juezas para la Democracia ve legítima la alternativa.
Previsiblemente, será el Tribunal de Garantías el encargado de disipar las dudas, como ya le tocó hacer en 1986. Entre 1980 y 1985, los jueces habían elegido directamente a los 12 vocales de turno judicial, y el PSOE reformó la ley para que fueran designados por el Parlamento, precisamente con la mayoría de tres quintos que ahora se quiere dejar atrás.
Aunque alertó del riesgo de que el sistema de elección se convirtiera en un reparto de puestos entre los partidos, el Constitucional avaló la elección parlamentaria, «máxime cuando la ley adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada Cámara», señaló entonces. Los socialistas sostienen ahora que, dada la fragmentación parlamentaria actual, permanece la exigencia de buscar consensos.
Los movimientos de esta última semana han sido también escudriñados desde Bruselas, que avisó al Ejecutivo de que su plan se salta la normativa comunitaria, pero Sánchez descarga una y otra vez la culpa en la situación de bloqueo que causa el PP por no querer negociar. 
Ayer hubo movimiento en el tablero. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, apuntó que se retiraría la polémica proposición de ley si los populares pactan y los de Pablo Casado pusieron sus condiciones. Tres en concreto: La retirada de la norma que plantea el Gobierno, que Podemos se quede al margen en este proceso y que se acepte la despolitización del CGPJ. Para ello, proponen que los jueces elijan a un número de candidatos a ser vocal y luego el Congreso y el Senado decidan entre esos a los 12 del turno de jueces. Habrá que esperar a mañana para ver cuál es la siguiente jugada.

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