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Opinión

07/04/2021

Punto y final al estado de alarma sin un ‘plan b’ legislativo

Tal vez animado por su primer Consejo de Ministros sin la presencia de Pablo Iglesias, o por el viento a favor que dibuja un controvertido CIS de cara a los comicios madrileños, el presidente del Gobierno compareció ayer para anunciar una serie de medidas que, de no ser por los antecedentes, arrojarían una mayor esperanza en la lucha contra la pandemia. Sus declaraciones hay que asumirlas con cautela en un contexto marcadamente electoral. Tal es la confianza que pretende transmitir el presidente del Gobierno que anunció su intención de no prorrogar el estado de alarma más allá del próximo 9 de mayo. Atendiendo a sus palabras, cabe esperar que la cuarta ola no sea tan virulenta como se preveía. En este sentido, desde Andalucía, su consejero de Presidencia , Elías Bedondo, hacía referencia a lo «precipitado» del anuncio, guiado «más por criterios políticos que sanitarios».

Por momentos, la figura de Sánchez parece la de un prestidigitador que guarda siempre un conejo en la chistera. Con esta medida, que no es definitiva porque la evolución epidemiológica es, por momentos, impredecible, evitaría tener que buscar apoyos parlamentarios para una futura prórroga y someterse así al escrutinio, siempre delicado, del hemiciclo. También, de salirle bien la jugada, aparecería como el principal liberador de una España presa por el toque de queda y por las restricciones a la movilidad, coincidiendo con el enfrentamiento electoral en Madrid ante una Ayuso que, a su vez, se presenta como adalid de las libertades individuales.

El presidente del Gobierno pasa la pelota a las comunidades autónomas sin haber articulado, como demandaban desde el Partido Popular y Ciudadanos (que vinculó su apoyo a las sucesivas prórrogas al despliegue de un soporte jurídico), medidas para imponer restricciones sin tener que declarar nuevamente el estado de alarma. Una petición a la que accedió el Ejecutivo pero que no ha venido acompañada del alumbramiento de herramientas que garanticen no acabar en los tribunales cada vez que, si la pandemia así lo exige, tengan que limitarse los movimientos sin su paraguas jurídico. Se desprende de esta dejadez la incapacidad para sellar acuerdos y legislar con el objetivo de aportar ciertas dosis de normalidad a lo excepcional.

En una hoja de ruta que destila optimismo a raudales, Sánchez volvió a reafirmarse en la capacidad del Gobierno de vacunar, hasta finales de agosto, al 70% de la población, 33 millones de españoles. Si en vísperas de Semana Santa el propio Gobierno apelaba a la «prudencia», este criterio, que ha de venir acompañado de un mensaje de contención a la ciudadanía, salta por los aires. Siempre es más sencillo fijar compromisos cuando hay espacio para que la culpa, en caso de incumplimiento, sea de los demás. Sin ápice de autocrítica, Sánchez responsabilizaba a Astrazeneca del retraso en la vacunación respecto a las previsiones iniciales que fijaban la inmunidad de rebaño para mediados de julio. No le falta razón al poner en el punto de mira al fabricante anglosueco si no fuera porque también los contratiempos han puesto en evidencia la influencia política de la Unión Europea y de algunos de sus estados miembros.

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