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Actualidad

22/07/2021

Necesarias, pero incomprendidas

Las energías verdes, en especial las plantas fotovoltaicas que se multiplican últimamente, son vistas con recelo en el mundo rural por su impacto en diversos ámbitos

Necesarias, pero incomprendidas

M.H. (SPC)

La descarbonización de la economía es uno de los objetivos más importantes que se ha marcado la Unión Europea para los próximos años, pero también uno de los más difíciles. En un sistema que, según investigadores del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, aún obtiene el 70% de su energía a partir de combustibles fósiles, cumplir la propuesta de la Comisión Europea de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 55 % para 2030 parece complicado.
Obviamente, la única oportunidad para alcanzar esa meta pasa por fomentar el empleo de energías verdes. Y las renovables, principalmente las obtenidas a partir del sol y del viento, son las que más se están potenciando mediante la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos. El problema es que parte del mundo rural no ve con muy buenos ojos estas grandes infraestructuras, que en ocasiones interfieren con el aprovechamiento de algunos de los escasos recursos con los que cuentan ciertas áreas del país cada vez más despobladas.
Esto genera un agrio debate en el que es complicado que las partes lleguen a un acuerdo. Por una parte, la sociedad quiere energías limpias. Por otro, las compañías que explotan esas energías, lógicamente, quieren aprovechar el tirón y tratan de hacerlo lo mejor posible, creando estrategias que tratan de compensar, o al menos minimizar, el impacto negativo de esas instalaciones en el territorio. También están los ayuntamientos y las corporaciones locales, que ven en estos parques eólicos y fotovoltaicos una oportunidad de hacerse con unos jugosos ingresos que jamás obtendrían por otros medios. Y por fin están los habitantes de esos pueblos, que ven en los molinos una mancha en un paisaje que podría atraer turismo o un peligro para las aves de la zona; y en las placas solares una ocupación de terreno que antes se dedicaba a la agricultura o la ganadería, principales actividades económicas del mundo rural y claves para fijar población.
La realidad es complicada y un buen ejemplo de ello es el parque fotovoltaico de Trillo, en Guadalajara. Será la instalación de este tipo más grande de Europa y tendrá una capacidad de 626 megavatios (MW). Curiosamente, su ubicación está próxima a la central nuclear de Trillo, con una potencia eléctrica bruta de 1.066 MW.
Juan José Laso, presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), no se muestra demasiado contento. Según DALMA, asociación conservacionista de esa provincia, son ya 10.000 hectáreas «de la mejor tierra productiva» las que se emplean para generar energía en vez de dedicarse a la agricultura o la ganadería. Para Laso «no es razonable ni sensato que Guadalajara tenga que albergar más de la 25% de la potencia solar futura que resta para cumplir el objetivo del Plan Nacional de Energía y Clima (según datos de DALMA)». No cree que este tipo de instalaciones ayuden a luchar contra la despoblación, como tampoco considera que generen empleo local en las zonas en las que se emplazan, como sí hacen las actividades agropecuarias.
Se queja de que Solaria, la empresa responsable del parque, intenta pintarlo todo de color de rosa «sembrando unas plantitas de lavandín entre placa y placa, y unos metros más allá, unas colmenas Layens». Lo cierto es que los «convenios con agentes locales» han sido rechazados tanto por APAG como por la Asociación de Apicultores de Guadalajara, muy importante en el sector si se tiene en cuenta la ubicación en esta provincia de La Alcarria, comarca productora de miel por excelencia.
Solaria, por su parte, asegura que el complejo fotovoltaico de Trillo creará más de 4.000 empleos en la provincia. Incide en que se priorizará la contratación de trabajadores locales y que se contará también con la participación de los agricultores y trabajadores de la zona para labores de desbroces y adecuación de los terrenos. Enrique Diaz Tejeiro, presidente de Solaria afirma que consideran «fundamental fijar población en los pueblos donde se ubicará el proyecto fotovoltaico Cifuentes-Trillo, por eso nuestro compromiso es muy alto a la hora de apostar por aquellas familias que quieran instalarse en estos pueblos con un puesto de trabajo fijo en el mantenimiento de nuestros parques. Contarán con toda la ayuda y recursos que sean necesarios». La empresa, además, hace hincapié en su compromiso con el medio ambiente y en que la puesta en funcionamiento de este parque permitirá suministrar energía limpia a más de 370.000 hogares al año, lo que posibilita cubrir las necesidades energéticas de toda la provincia de Guadalajara. Como casi siempre, el tiempo dará la razón a quien la tenga.
Pero este es solo un ejemplo de conflictos similares que han surgido por media España. Donaciano Dujo, presidente de ASAJA en Castilla y León, ve estos parque solares como una fuente de ingresos a corto plazo, «pero veo muy difícil que se traduzca en más vecinos para el medio rural», que es lo que realmente preocupa a las organizaciones agrarias. A menos terreno para cultivar y pastar, menos agricultores y ganaderos, no es complicado darse cuenta. Dujo se queja de que estas infraestructuras deberían instalarse en «terrenos perdidos, baldíos que no producen y que están lejos de poblaciones o vías de comunicación. Pero no es así. Buscan las ubicaciones idóneas para sus grandes inversores, sin tener en cuenta en ningún caso el daño que puedan provocar ni al sector agroganadero, ni al forestal, ni por supuesto el impacto que ese mar de placas causará en el paisaje o en el día a día de los que vivimos en el medio rural».
A principios de este mes, la organización denunciaba que, en la provincia de León, son ya 6.000 las hectáreas robadas a las actividades agrarias para instalar parques fotovoltaicos. También hacía patente que se están tramitando las autorizaciones administrativas previas para estas instalaciones sin que los promotores puedan acreditar la disponibilidad de los terrenos que van a ocupar, mientras que a un agricultor sí que se le exige esta acreditación simplemente para levantar una nave, necesaria para su trabajo, en suelo agrícola. Añaden que la pérdida de la superficie de cultivo, junto a las ayudas de la PAC vinculadas a esa superficie, que ya se está materializando en determinadas zonas, está obligando a los agricultores a replantearse su permanencia en la profesión, ya que las explotaciones dejan de ser viables. En algunos casos estos agricultores se encuentran con fuertes inversiones en maquinaria todavía no amortizadas; maquinaria con la que ahora no tienen terreno que cultivar.
Otro caso reciente es el de Chiva (Valencia), donde se va a instalar un parque fotovoltaico de 420 hectáreas. Diversas asociaciones y el ayuntamiento de la localidad están en contra de esta iniciativa porque, dicen, generará impacto en el paisaje y en especies protegidas de la zona. La empresa, una multinacional italiana, asegura que con la energía que produzcan le ahorrarán 700.000 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera y que crearán 500 empleos. Añaden que ofrecen «la denominada agrivoltaica, es decir, actividades tanto agrícolas como ganaderas que se puedan realizar a la vez que se desarrolla la energía fotovoltaica, en el mismo espacio».
Lo cierto es que las energías verdes son ya muy necesarias y van a serlo más en un futuro no muy lejano. El mundo rural está a favor de ellas, pero no están de acuerdo en que sean las zonas despobladas las que tengan que hacer concesiones para beneficio de todo el resto de la ciudadanía, sobre todo cuando estas concesiones pueden perjudicar a las pocas actividades económicas que sostienen esas áreas (agricultura y ganadería) y darles la puntilla. Muchas voces se alzan pidiendo que este tipo de instalaciones se emplacen en suelo industrial y no agrario. Esto sería más complicado con la energía eólica, puesto que precisa de áreas con unas condiciones específicas en cuanto al viento. Pero el sol es igual en todas partes y quizá podría plantearse cubrir azoteas u ocupar suelo industrial que no esté siendo utilizado.
En cualquier caso, las cosas en la actualidad son las que son. ¿Crearán empleo y fijarán población estas infraestructuras? Hay que confiar en que sí y en que todos los implicados trabajen para hacer las cosas bien, porque al mundo rural ya no le quedan muchos cartuchos y no puede desperdiciarlos.

 

Iberdrola y ASAJA se unen para conseguir cero emisiones.

Iberdrola y ASAJA han firmado una alianza estratégica para impulsar la agricultura y la ganadería sostenibles y libres de emisiones. Para ello, han diseñado un plan de trabajo con dos vectores fundamentales: de una parte, promoverán actuaciones orientadas a la mejora de la eficiencia energética; por otro lado, pondrán en marcha iniciativas para seguir preservando la biodiversidad y el cuidado del entorno rural. El acuerdo contempla iniciativas relacionadas con la mejora de la competitividad del campo, como la difusión de tecnologías energéticas renovables idóneas para el medio rural y su electrificación a través de la implantación de soluciones de eficiencia energética, autoconsumo y movilidad sostenible. Asimismo, permitirá la puesta en marcha de proyectos en favor de la sostenibilidad ambiental relacionados con la captura de CO2, la economía circular y los nuevos fertilizantes cero emisiones.
Energías renovables, vertebración del territorio y protección de la biodiversidad. Estas son, para Iberdrola, las claves de la economía verde para combatir no solo el cambio climático, sino también para promover una sociedad más sostenible, competitiva y resiliente. Desde 2020, la compañía ha invertido 120.000 millones de euros en una revolución energética que impulsa la descarbonización de nuestra economía, promueve el desarrollo socio económico de aquellas comunidades donde opera y, además, convive con los ecosistemas naturales.
En los últimos tres años, Iberdrola ha realizado más de 1.450 acciones de protección de la biodiversidad, combinando el desarrollo de proyectos renovables con la conservación de la diversidad de la flora y la fauna y el cuidado del patrimonio natural. Asimismo, se ha marcado un objetivo de reforestación que alcanza los 20 millones de árboles al final de la década, capaces de capturar aproximadamente seis millones de toneladas de CO2 en 30 años. La compañía habrá plantado ya 2,5 millones de árboles en próximo año y 8 millones en 2025. Por otro, se mejorarán los pastos que se encuentran en las plantas fotovoltaicas y eólicas y en su entorno, aumentando la retención de agua y la productividad de estos terrenos.

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