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Actualidad

25/11/2021

Acuerdo histórico por la PAC en Europa

No ha habido sorpresas de última hora y desde este momento el sector está centrado en afinar el Plan Estratégico que deberá presentarse en Bruselas antes del 31 de diciembre, que es la herramienta que verdaderamente condicionará a las explotaciones

Acuerdo histórico por la PAC en Europa

M.H. (SPC)-Agencias

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes, tras tres años y medio de negociaciones y pandemia mediante, las normativas que componen la nueva Política Agrícola Común (PAC) que se aplicará a partir de enero de 2023, con la que el bloque quiere aumentar la contribución del sector agrario a la lucha contra el cambio climático y crea un nuevo modelo de gestión basado en los planes estratégicos nacionales. El sector contaba con esta aprobación y, a pesar de que había ciertos aspectos que se habrían querido cambiar, no se esperaban modificaciones de última hora y, de hecho, no se han producido. Salvo Los Verdes y la izquierda más alejada del centro, que aspiraban a una PAC aun más verde a costa de los profesionales del campo, los demás grupos políticos han apoyado la nueva Política Agraria Común de manera mayoritaria.
La PAC es la mayor partida del presupuesto comunitario con una dotación de 380.000 millones de euros para el periodo 2021-2027 (aunque por demoras en la negociación no se empezará a aplicar hasta 2023) y afecta a diez millones de empresas agrícolas de la UE. A España le corresponden unos 37.000 millones en pagos directos para los 695.000 agricultores y ganaderos que se beneficiarán de ella y casi 8.000 millones para desarrollo rural durante los siete años. Con la reforma, se introduce un nuevo modelo de gestión que estará basado en los planes estratégicos nacionales. Estos planes serán la herramienta según la cual el gobierno de cada país distribuirá los fondos que le correspondan entre los agricultores y ganaderos a su propio criterio -asumiendo un grado de responsabilidad en este ámbito inédito hasta ahora-, pero tendrán que ser previamente examinados y aprobados por la Comisión Europea.
Otra gran novedad de la PAC que se aplicará a partir de 2023 será la introducción de los nuevos regímenes ecológicos o ecoesquemas, que vienen a sustituir, aunque con más fuerza, al pago verde que existe en la actualidad. Se trata de una opción (o varias) que los países tendrán que ofrecer obligatoriamente a sus productores, aunque estos podrán decidir si se acogen a ellos o no. Estas nuevas ayudas buscan compensar a aquellos agricultores y ganaderos que adopten prácticas beneficiosas para el medio ambiente que sean más ambiciosas que los requisitos obligatorios, ya que se da por hecho que esas prácticas favorecerán al medio ambiente, pero mermarán la producción.
Su dotación mínima fue precisamente el principal punto de desencuentro en las negociaciones entre eurodiputados y Estados miembros. El acuerdo final optó por un punto intermedio entre las pretensiones de ambas partes y establece que se tendrá que dedicar un 25% de las ayudas directas a estos nuevos regímenes ecológicos. Los Veintisiete, que eran menos ambiciosos, lograron establecer una serie de cláusulas de flexibilidad entre las cuales se pactó fijar un periodo de aprendizaje de dos años en el que se podrá destinar solo un 20% a los ecoesquemas.
Otro punto que dividió hasta el último momento a los eurodiputados y las capitales antes del acuerdo de junio fue el nuevo mecanismo para hacer que las ayudas de la PAC estén mejor repartidas. El acuerdo establece que al menos un 10% de los pagos directos tendrán que estar destinados a pequeñas y medianas explotaciones. Para conseguirlo, los Estados miembros podrán crear un pago extraordinario o también podrán optar por reducir progresivamente los pagos a partir de los 60.000 euros por explotación y limitarlo a 100.000 euros.
Por último, el tercer gran escollo de las negociaciones fue la «dimensión social» de la nueva PAC que el Parlamento Europeo exigió incluir. El consenso fue contemplar la creación de un mecanismo para «conectar desde 2025 como muy tarde a los inspectores laborales nacionales con las agencias de pagos de la PAC» para sancionar posibles infracciones de las normas de trabajo en el campo, lo que se ha dado en llamar condicionalidad social.
Ecoesquemas y planes estratégicos han sido los puntos más mediáticos de esta nueva PAC, pero lo cierto es que también incluye novedades interesantes en la gestión de los mercados, como la prórroga del sistema de autorizaciones administrativas y el etiquetado en el caso del vino o la posibilidad de autorregular la oferta en un sector en caso de crisis, como ya se permite en el ámbito lácteo. También supone la extensión a otros sectores de medidas que ya se aplican en el segmento de frutas y hortalizas para fomentar la comercialización y la concentración.
Como asignatura pendiente han quedado la simplificación burocrática y la vigilancia de las importaciones que entran en condiciones desiguales, poniendo a los productores europeos en situación de desventaja. Pero al menos no se han incluido los postulados de la estrategia de Bruselas ‘De la granja a la mesa’ que, según un informe de la propia Comisión Europea, podría reducir sensiblemente la producción de las explotaciones y los ya escasos márgenes de beneficios que disfrutan.


Trabajo por delante.

La parte europea, aunque con dos años de retraso, está por fin terminada. Pero ahora queda que cada país presente su Plan Estratégico ante Bruselas. Esto tiene que ocurrir antes de final de año y no caben retrasos. Y es en este punto donde el sector está ojo avizor, pues esta herramienta es la que realmente va a decidir a dónde van los fondos y en qué cuantía.
Desde COAG denuncian que el Ministerio de Agricultura, que debería consensuar este Plan Estratégico con el sector, va bastante por libre y no hace demasiado caso de las propuestas que le llegan de las organizaciones agrarias para elaborarlo. Falta un mes para presentarlo antes las autoridades europeas y, de momento, no hay nada claro, por lo que argumentan que, ya desde hace tiempo, debería haberse celebrado al menos una reunión semanal para ir perfilando el documento, cosa que no ha ocurrido; si no con el ministro, si quizá con el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda. A pesar de todo ello, el ministro Planas no duda de que se entregará en Bruselas a finales de diciembre.
UPA se queja de que, a pesar de que la elaboración de Plan parece ser una pugna entre Gobierno central y comunidades autónoma, a quien realmente se debería escuchar es a quienes se van a ver condicionados, es decir, a los agricultores y ganaderos. La organización agraria considera que el Plan Estratégico debe establecer medidas de apoyo prioritario a las explotaciones familiares y profesionales, que suponen la base de la producción de alimentos en España. «El acuerdo entre los Estados Miembros dota al Ministerio de Agricultura y a las autonomías de herramientas suficientes para que así sea», remarcan. Desde UPA recalcan que los requisitos tanto de la condicionalidad social, como para el cumplimiento de los ecoesquemas deben ser «realistas» y, si es necesario, estableciendo determinadas excepciones que permitan que la actividad agrícola y ganadera pueda seguir siendo fuente de riqueza en el medio rural.
Por su parte, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha defendido este miércoles que la PAC tenga un periodo de vigencia de al menos diez años para dar estabilidad y seguridad jurídica y económica al sector. Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura ASAJA, se ha referido al nuevo mecanismo de los eco esquemas, incidiendo en que lo único que hará es dificultar más las cosas en el campo. Para ilustrar estas declaraciones, Metidieri ha recordado que se recoge una reducción en el uso de fertilizantes y en la aplicación de fitosanitarios, entre otras cosas, lo que son «dificultades, dificultades y más dificultades». Además ha añadido que «cuando hay un recorte del 9,6% en el presupuesto, cuando hay un endurecimiento ambiental desmedido y cuando se castiga al agricultor y al ganadero no se puede ser triunfalista».
Por otra parte, ya el viernes pasado, días antes de la aprobación definitiva, agricultores y ganaderos se manifestaban ante al Parlamento Europeo en contra de la reforma de la PAC antes incluso de ser aprobada. «La PAC son 400.000 millones de euros, un tercio del presupuesto de la UE. Con eso podríamos cambiar las cosas», dijo Sabine Renteux, del Movimiento de Acción Campesina. En lugar de facilitar una «transición agroecológica» que permita una alimentación más sana y preservar la biodiversidad y el clima, la UE ha optado por impulsar un modelo de agricultura que piensa en las exportaciones, que contamina y que «aplasta a los pequeños productores», añadió.
 

Una alianza internacional evita la discriminación al toro bravo.

La colaboración, por primera vez en la historia, entre las asociaciones de ganaderos de lidia de España, Portugal y Francia «ha evitado que se discrimine» a las explotaciones de toros bravos en la reforma de la PAC. En concreto, esta alianza internacional de ganaderos ha servido para lograr que se retiraran de las nuevas estrategias de la PAC siete de las enmiendas presentadas por distintas formaciones, dos de las cuales eran «muy graves», en palabras del presidente de la española Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), Antonio Bañuelos. Una de ellas, han explicado, pretendía eliminar las subvenciones a las hembras de bravo por ser lidiadas en las plazas, lo que solo sucede en la región francesa de Las Landas, mientras que una segunda anulaba el derecho al agricultor que fuera al tiempo ganadero de lidia los derechos de la PAC en relación a los cultivos.
 

Reclaman facilitar las inversiones en el viñedo.

Las organizaciones agrarias COAG y UPA han pedido al Ministerio de Agricultura la incorporación de una medida de inversiones en explotaciones vitícolas dentro de la Intervención Sectorial del Vino (ISV), que es la futura denominación del PASVE (Programa de Apoyo al sector vitivinícola) en el Plan Estratégico de la nueva PAC. El reto: hacerlas más resilientes, modernas, eficientes y sostenibles. Los viñedos españoles deben modernizarse para estar preparados para los retos de futuro que afronta el sector y las dos organizaciones agrarias han reclamado de forma conjunta al departamento de Planas un nuevo plan de inversiones destinado a medidas de mejora tecnológica, de gestión y de innovación, tales como la viticultura de precisión, la teledetección, distintos tipos de sensores, estaciones meteorológicas, aplicaciones digitales y demás infraestructura necesaria para la gestión integrada de plagas y la fertilización inteligente.

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